¿Hubo tarifazo?, ¿es esa la pregunta?

El artículo original fue publicado en el Semanario Brecha (05/02/2016) a partir de un convenio entre ambas cooperativas.

No todo incremento de tarifas puede llamarse tarifazo. En primer lugar, si todos los precios aumentan considerablemente –incluidas las tarifas–, no deberíamos llamarlo “tarifazo”, porque estamos frente a algo bastante peor: una “escalada inflacionaria”. Para usar el repetido término con propiedad, deberíamos asistir a “un cambio en los precios relativos de forma tal que las tarifas crecen ostensiblemente por encima del nivel general de precios”. El aumento en enero no tuvo grandes diferencias respecto de la inflación, salvo para el caso de Internet, lo que nos inhibiría de llamarle tarifazo. Si no ¿cómo le deberían llamar los argentinos al aumento de hasta el 700 por ciento que aplicó Macri?, ¿golpe de Estado? Incluso, como muestra el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, deberíamos asumir que en los últimos diez años tuvimos un “destarifazo”, ya que los precios en cuestión evolucionaron por debajo del Ipc.

En este contexto, hay al menos tres elementos a destacar. Primero, el oportunismo de la derecha, que aprovecha la primera de cambio para rasgarse las vestiduras ante el aumento. Sin embargo, desde 1997 hasta 2004, cuando la piola se tensó más, el aumento de la tarifa eléctrica residencial superó al Ipc, y antes, en los noventa, la tarifa para los grandes consumidores (GC) evolucionó muy por debajo de la residencial, en una clara política de clase, ya que los hogares vieron crecer sus tarifas a mayor ritmo que la gran industria, las grandes superficies, etcétera. Segundo, una parte del descenso real de las tarifas a partir de 2005 responde a una reparación del lastre neoliberal. De hecho, la diferencia de precios entre la residencial y la de GC es aun mayor que a comienzos de los noventa, evidenciando los límites del progresismo. Por último, los rubros “alimentos y bebidas” y “alquileres” aumentaron muy por encima del Ipc en los últimos años, ¿por qué no se critica el “alquilerazo” o el “comestiblazo”?, ¿no será que hay intentos privatizadores detrás de algunos que denuncian el tarifazo público?

Otra definición posible radica en tener una suerte de “modelo teórico” sobre cómo debería ser la evolución de las tarifas y contrastarlo con su evolución efectiva, llamándole tarifazo si el precio evoluciona por encima de sus determinantes. En este marco, se ha fundamentado que el precio de la electricidad aumentó por encima de sus costos. El análisis desde esta perspectiva es de suma complejidad, y si observamos los principales componentes del abastecimiento (petróleo, cobre, acero, aluminio, etcétera), la evolución de sus precios y el de la electricidad ha sido ambigua en los últimos años. ¿Es sensato variar las tarifas todo el tiempo según varían los costos, o es mejor estabilizarlas? También es cierto que ha habido un gran caudal de lluvias y una fuerte expansión de la energía eólica, pero ¿la diversificación de fuentes y la tecnología abaratan tanto los costos?, ¿para una empresa que cobra en pesos, los contratos con parques eólicos en dólares son tan baratos en el largo plazo? El cambio de matriz energética tiene varios aspectos positivos, como dar seguridad en el abastecimiento de la demanda y sustituir importaciones de petróleo, pero tiene otros costos. Si se “vendió” por barato es otra cosa.

Sin duda el fundamento más favorable para hablar de “tarifazo” no radica en la baja del costo de abastecimiento de la demanda, que es sólo uno de los factores a considerar, sino en la inconsistencia política de los anuncios del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos tenemos información limitada y no conocemos en profundidad las determinaciones de los precios. Es razonable que ante declaraciones que auguraban una baja de hasta el 30 por ciento entre 2014 y principios de 2016 se le llame tarifazo a la enorme brecha que se abrió entre lo prometido y lo acontecido. Además, la medida tiene claros componentes recaudatorios (1 por ciento del Pbi, según declaraciones del propio gobierno) y es entendible que la gente la percibacomo una injusticia: ante el déficit fiscal, se optó por recaudar con tarifas y no con impuestos a los que más tienen.

Adicionalmente, las tarifas son precios de mercancías y servicios vitales para la satisfacción de las necesidades básicas. Acceder a la energía eléctrica en forma segura y en cantidades apropiadas es un derecho humano elemental. Cuando sube su precio se hace difícil modificar nuestra canasta de consumo para eludir dicho aumento, a diferencia de otros bienes. En un escenario como el actual, con aumentos de salario magros y posibles pérdidas reales para el sector privado, que se perciba como un tarifazo no debería sorprender a nadie, y no hay gráfica, por más bien resuelta que esté, que despeje esa sensación.

A raíz de ello, debatir técnicamente sobre el tarifazo es absolutamente inconducente desde el punto de vista político. Básicamente por dos razones: a) permite que la síntesis la hagan los sectores conservadores; b) da vía libre a grupos económicos con intereses objetivos en desarticular las empresas públicas.

En cuanto a lo primero, discutir la pertinencia del concepto no logra mitigar el malestar del momento y es inútil en una perspectiva ampliatoria de derechos para los sectores populares. De hecho, la única movilización que hubo la protagonizaron las patronales del campo. Si bien el lechero es un sector intensivo en consumo de energía eléctrica, ésta significa menos del 1 por ciento de sus costos, y además recibió un equivalente al 90 por ciento del gasto en electricidad en subsidios netos.1 ¿Recibimos los hogares un subsidio semejable? Por otra parte, se esconde el hecho de que los grandes consumidores pagan el quilovatio a la mitad de precio que los hogares, y que para las empresas afrontar la tarifa implica un esfuerzo relativo muchísimo menor con respecto a sus ingresos. En ese marco, las promesas de instrumentar descuentos de hasta el 50 por ciento para sectores que hacen un uso intensivo de energía eléctrica son la demostración fehaciente de que el pataleo patronal está dando frutos frente al quietismo popular.

Asimismo, basta hacer un seguimiento en las redes para ver que hubo convocatorias frustradas a movilizaciones “contra el tarifazo” protagonizadas por personas de derecha.2

¿No será conveniente organizar lo disperso para construir soluciones colectivas superadoras, en vez de interpelar técnicamente el concepto? Puede pasarnos como en Brasil, que las movilizaciones del Tarifa Cero fueron cooptadas por grupos reaccionarios, los mismos que ahora pretenden dar un golpe blando bajo el nombre de impeachment.

En cuanto a la segunda problemática, la política energética (en particular la vinculada a la electricidad) no es ajena a la lógica de conciliación de clases que ha tenido el progresismo. A modo de ejemplo: hubo avances indudables para los sectores populares, como el aumento de la cobertura en servicios así como también políticas que facilitaron la asequibilidad con la creación de los descuentos tarifarios vinculados a los hogares beneficiarios del Panes y la creación de la tarifa de consumo básico y sus modalidades específicas para los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, entre otros.

Para los sectores de altos ingresos, a nivel residencial se instrumentó el Plan Solar. Además, existen barrios privados, como La Tahona (donde vive Lacalle Pou), que toman en “media”, pagando el quilovatio más barato que el resto de los hogares del país (despropósito de gobiernos anteriores al FA). Asimismo, para las empresas se creó el Fideicomiso para la Eficiencia Energética, dos líneas de exoneración tributaria tanto para la cogeneración como para la generación privada, se gestionaron líneas de crédito específicas, se fomentó el desarrollo de proveedores, etcétera. La proliferación de parques eólicos ha permitido también que algunos terratenientes capten rentas adicionales al beneficiarse de un nuevo uso del suelo.

Los “pequeños generadores” privados forman parte de grandes grupos de poder económico locales, como los Ottegui, los Fernández (ex dueños de Fripur), así como de capitales trasnacionales. Ha crecido su importancia en el sector eléctrico, superando el 20 por ciento de la generación sólo en eólica, lo que indica que podrán aumentar su capacidad de incidencia en la política energética. Además es importante recordar que, a raíz del marco regulatorio aprobado en 1997 y sus modificaciones posteriores, los grandes consumidores y productores privados participan del mercado eléctrico (spot), donde realizan un día sí y otro también todo tipo de presiones para hacer de la electricidad un negocio redondo para la clase dominante: pagar barato como grandes consumidores y vender caro como generadores privados. ¿Qué contrapeso tendrán para no salirse con la suya?, ¿alcanza con declaraciones de “esto no es un tarifazo”?, ¿cómo contener la regresión social que implicarían sus intentonas privatizadoras o su afan de usar a las empresas públicas para su beneficio exclusivo?

1. Encuesta de Actividad Económica, 2010.
2. Además del “tarifazo”, les molestaban los programas sociales del Mides y pretendían convocar a todos tras el pabellón nacional.

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