Navidad en las trincheras

El artículo original fue publicado en el Semanario Brecha (23/12/2016) a partir de un convenio entre ambas cooperativas.

Las ocupaciones de supermercados en las pasadas semanas han puesto de relieve problemáticas que recorren al conjunto de la sociedad, y muestran, al mismo tiempo, la vitalidad de un joven sindicalismo que se ha forjado en los últimos años al calor de las luchas por la redistribución del excedente y la mejora en las condiciones de vida. Estas acciones entran en una nueva etapa, marcada por el agotamiento del régimen económico que tuvo lugar en la década anterior.

DESIGUALES. La lucha que ha llevado adelante Fuecys pone en cuestión, en primer lugar, la disparidad en la distribución del ingreso entre capital y trabajo, como fenómeno de características generales. Recientemente el economista Jorge Notaro estimó que los ingresos del capital (nacional y extranjero) en Uruguay en el período 2008-2013 representan algo más del 30 por ciento del pib, 16.876 millones de dólares anuales, unas 13 veces por encima de las estimaciones oficiales.1 Por su lado, el Instituto Cuesta Duarte informaba en 2015 que casi la mitad de la fuerza de trabajo percibía remuneraciones líquidas por debajo de los 15 mil pesos mensuales.

Esta diferencia en el reparto de la torta no es en absoluto ajena al sector de comercio y servicios, que en la última década creció a tasas superiores que el resto de la economía, duplicando el Pbi sectorial, y empleando aproximadamente 300 mil trabajadores. De hecho, este período fue también de concentración de grandes de capitales en sectores como supermercados, sho­ppings, tiendas, call centers y seguridad privada, con la entrada de importantes monopolios internacionales y el crecimiento de capitales nacionales. Si bien no existen estimaciones ciertas de la masa de ganancias del sector, sabemos que factura anualmente un equivalente a la totalidad de las exportaciones de soja. En el caso particular de los supermercados, donde trabajan aproximadamente unas 40 mil personas, las grandes cadenas como Devoto, Disco, Géant y Ta-Ta facturan más de 300 millones de dólares anuales cada una.2

Con esta información de base, todo parece indicar que las ganancias de las grandes superficies en esta década contrastan con la situación salarial y las condiciones de trabajo. El sueldo mínimo en los supermercados es de 15.931 pesos nominales para los auxiliares de venta, administrativos y mantenimiento. Según los representantes de Fuecys, los salarios representan el 12 por ciento de la facturación, lo que permite sospechar un margen de ganancias abultado. A este cuadro se agrega la extensión de la flexibilidad en la organización del trabajo, donde prima la polivalencia, con una escasa definición de categorías y tareas, la flexibilidad en el horario de trabajo y la jornada laboral, las tercerizaciones –que sirven como mecanismo de rebaja salarial y división sindical–. Es decir, que el crecimiento del sector tuvo como base una explotación brutal, donde la tonalidad dominante es la conformación de un patrón de acumulación del capital basado en la precariedad laboral de carácter estructural.

CICLO Y PAUTAS DE AJUSTE. En un marco de caída del precio de las materias primas y de la renta extraordinaria que predominó desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, el ciclo expansivo de la economía dio paso –en 2015– al estancamiento, acumulando contradicciones que se encaminan a una crisis. Las clases dominantes operan para que los costos de la recesión y la crisis recaigan sobre quienes viven de su trabajo, con despidos y envíos al seguro de paro, atacando el salario y exigiendo recortes del gasto público que garanticen la continuidad de las exoneraciones fiscales y el pago de los intereses de deuda.

Si bien el salario real siguió creciendo en aquellos sectores que firmaron sus convenios en 2015, hubo en varios una caída real del ingreso y la masa salarial, que ha comenzado en 2015-2016. El gobierno, con los lineamientos salariales elaborados para la sexta ronda de consejos de salarios, ha establecido una política que redistribuye regresivamente, ajustando sobre el salario y beneficiando los ingresos del capital. Las pautas del Ejecutivo para todo el período (2015-2018) se orientaron a: 1) desindexar el salario del índice de precios al consumo; y 2) establecer un esquema de ajustes salariales diferenciales según la situación económica del sector de actividad (“dinámicos”, “medios”, “en problemas”), y que además éstos sean descendentes en el tiempo. Las premisas de esta política intentan establecer que detrás del crecimiento de la inflación se encuentra el incremento salarial y no otros factores estructurales decisivos que el Poder Ejecutivo se niega a tocar, como la formación oligopólica de precios –en la cual los comercios de grandes superficies juegan un papel central– o los aumentos sucesivos de las tarifas públicas para cubrir el déficit fiscal.

Desde una mirada más general, no es más que la expresión de la actuación de una fuerza política –el Frente Amplio– al comando de un Estado que se orienta a garantizar el proceso de acumulación, adoptando las medidas necesarias para legitimar y garantizar la apropiación del excedente económico por parte de las clases dominantes. Interpela también el lugar que ocupan los consejos de salarios en un contexto de crisis, es decir como institución cuyo cometido es conciliar intereses sociales irreconciliables buscando limitar el conflicto entre capital y trabajo en los marcos del Estado.

Durante toda la negociación salarial los trabajadores de Fuecys enfrentaron a las patronales de la Cámara de Comercio, que se recostaron cómodas en las pautas gubernamentales, ubicándose en los sectores “medios” o “en problemas”, lo que les garantizaba un estancamiento o rebaja salarial. Sus argumentos fueron la baja en las ventas y el aumento del “costo laboral”, que atenta contra la competitividad. A pesar de ser un sector donde los salarios parecen tener poco peso y la concentración de la propiedad hace que la palabra “competitividad” suene vacía. Por su parte, los trabajadores de Fuecys levantaron como reclamo central que todos los convenios fueran a dos años, con correctivos anuales y ajustes semestrales, y un salario mínimo de 20 mil pesos a julio de 2017. En el caso de los supermercadistas, la Asociación de Supermercados del Uruguay (Asu) se negó a aceptar todos los puntos demandados, estancando la negociación. Finalmente, en los últimos días Fuecys firmó un preacuerdo que implica un salario mínimo de 20.130 pesos para la segunda categoría (a julio de 2017), además de otros aspectos como ajustes por antigüedad, mantenimiento de la prima por presentismo y regularización de cambios de categoría (La Diaria, 19-XII-16).

En definitiva, con las pautas elaboradas (y el propio piso del salario mínimo nacional de 11.150 pesos) el gobierno condicionó a la baja toda la negociación colectiva de Fuecys –y del conjunto de los 126 subgrupos cuyos convenios vencieron–. De esta manera, en un contexto de retroceso económico, el gobierno prioriza la defensa de la ganancia del capital a las mejoras de las condiciones del salario y el trabajo. Una conclusión que no debe pasar desapercibida para las próximas batallas de la etapa, donde la acción política independiente de la clase trabajadora es la clave.

La revitalización de la campaña emprendida por los jóvenes de Fuecys contra la precarización laboral bien puede formar parte de una disputa política más general.

*    Sociólogo, docente de la Udelar y Utu.

1. Jorge Notaro, “Los ingresos del capital Uruguay, 2008-2013” (disponible en https://www.academia.edu/30242066/Los_ingresos_del_capital_Uruguay_2008_-_2013.pdf).
2. “Transformaciones del mundo del trabajo y acción sindical: el caso de Fuecys”, tesis de grado de Nicolás Marrero (disponible en https://www.academia.edu/10902861/Tesis_Transformaciones_del_mundo_del_trabajo_y_acci%C3%B3n_sindical).

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