Primeras Medidas de Ajuste Fiscal

Durante una conferencia de prensa realizada el 11 de Marzo, el Presidente de la República, la Ministra de Economía y Finanzas y el director de OPP anunciaron un paquete de medidas de Ajuste Fiscal. El nivel del déficit fiscal de un 4,8% del PIB, y la negativa a realizar ajustes tarifarios por en enero por parte del anterior gobierno, sirvieron de marco para presentar medidas de ajuste como inexorables. 

Las medidas, que serán efectivizadas vía decreto presidencial, están contenidas en cuatro grandes temas: aumentos de tarifas (presentadas como “adecuación tarifaria”); recorte del gasto público (presentadas como “ahorro”); aumento de dos puntos porcentuales en el IVA para las transacciones realizadas con tarjeta de débito y de cuatro puntos porcentuales para el pago con tarjeta de crédito en restaurantes (presentados como reducción de beneficios impositivos al consumo); por último un paquete de medidas destinadas a ayudar a los productores ganaderos y agrícolas..

Estos anuncios no representan el total (ni siquiera lo más fuerte) del ajuste económico que se aplicará a la sociedad uruguaya (el mismo se verá cuando se discuta la Ley de Presupuesto, las negociaciones de Consejos de Salarios y posteriormente la reforma de la Seguridad Social). No obstante, el análisis de estas propuestas indica el sentido que tendrá el ajuste durante todo este período.

Tarifas

El aumento de tarifas propuesto es de 10,7% para el caso de la OSE, 10,5% para el caso de la UTE y 9,78% para el caso de ANTEL. Si bien los números parecen más abultados comparándolos con aumentos realizados años pasados, la verdad es que no son por encima de la inflación. El último ajuste fue en Enero 2019 con datos de inflación del año a diciembre 2018. Si tomamos la inflación del año 2019 y le agregamos la de Enero y Febrero de 2020, la inflación fue de 11,74%. Si además, tomamos en cuenta que el ajuste operará en abril, hay que sumarle la inflación de marzo, que va a ser muy alta, si se toma en cuenta el aumento del dólar (que ya está impactando en precios como los de la carne). 

Ahora bien, más allá de que se pregona la neutralidad técnica en las tarifas en el programa del Partido Nacional como en el del Partido Colorado, en realidad, los ajustes son muy políticos y muy injustos. Aumenta el agua, el teléfono y la electricidad y deja intacto los combustibles. 

Los hogares de menos recursos se ven afectados, pero otros hogares con mayor capacidad de consumo que tienen auto, no les aumenta la nafta. Para ilustrar, mientras que del 20% más pobre el 27% de los hogares tienen auto, del 20% más rico, el 64%  de los hogares tiene. También tiene un impacto desigual a nivel productivo, afecta a sectores más intensivos en electricidad y deja intacta a la producción ganadera y agropecuaria, que usa gasoil como insumo.

Por eso, es interesante notar que en los decretos 084/2020 y 085/2020 que establecen descuentos comerciales para la producción láctea y para el riego, cubriendo así a la producción agropecuaria intensiva en electricidad. Si tomamos en consideración la suba del dólar, el congelamiento del precio de los combustibles y la manutención de los descuentos comerciales en la electricidad, no caben dudas que hasta ahora el Ministro Uriarte, autodenominado representante de las patronales agropecuarias en el gobierno, es el Superministro. 

Por último, el propio paquete de ajuste desmiente la idea de que las empresas públicas están fundidas. La medida más sintomática de ello es el aumento del IMESI. Este impuesto, aumenta en un 11,75% en consonancia con la inflación. Pero, al mantenerse el precio de los combustibles, todo el aumento del impuesto lo absorberá ANCAP, que no tendrá mayores ingresos pero sí deberá trasladar más recursos a la DGI. 

Reducción del Gasto Público.

El análisis sobre este componente se asienta en tres elementos:  el tope para la ejecución del gasto en funcionamiento e inversiones (excluyendo las partidas salariales) en el 85% del nivel del año anterior; la habilitación para completar un tercio de las vacantes generadas en este ejercicio – excluyendo de esta regla al personal docente, personal técnico y especializado en la salud, y al personal del Ministerio del Interior avocado directamente a las funciones de seguridad-; y por último prohíbe completar las vacantes generadas en el 2019, y también la renovación automática de todos vínculos de servicios personales de carácter temporal, que no sean funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento.

El tope en el gasto no afecta a todos los ámbitos del Estado de la misma manera, su impacto depende de la estructura de egresos de cada institución. Por ejemplo el MIDES tiene una estructura donde son más importantes los gastos de funcionamiento extra salariales (81,5% del gasto) que las remuneraciones (18,4% de su gasto), y las inversiones son casi insignificantes (0,1%). Por otra parte, el Ministerio de Defensa, tiene otro tipo de estructura, las remuneraciones son el 75% de su gasto, quedando el gasto de funcionamiento no salarial y las inversiones con el 25% restante. Por lo tanto, esta decisión de ajuste golpea más al MIDES que al Ministerio de Defensa, y lo que es peor, ajusta sobre el presupuesto de funcionamiento de los programas sociales del ministerio. 

En cuanto al impedimento para reponer todas las vacantes generadas,  en la rendición de cuentas de 2016 se utilizó como mecanismo de ajuste fiscal que en 2017 se completaran dos de cada tres vacantes a excepción de las generadas en el ámbito educativo, en la salud y en la policía. La medida propuesta ahora es más agresiva, y tiende a desmantelar equipos de trabajo en el sector público, así como aumentar la carga laboral sin compensación salarial a los funcionarios públicos. Como medida para frenar los ingresos a la administración pública no presenta ninguna novedad. Mirando la dinámica de incorporación de funcionarios públicos según los últimos datos disponibles (2018) se puede ver que la cantidad de funcionarios que entraron a trabajar al Estado, lo hicieron principalmente en el Ministerio del Interior. Entre 2009 y 2018 en el  Ministerio del Interior se crearon 3.000 Vínculos laborales nuevos. Entre 2017 y 2018, se redujo la cantidad de vínculos laborales en los Ministerios de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Industria Energía y Minería, Defensa Nacional, Transporte y Obras Públicas, Trabajo y Seguridad Social, Salud y Turismo. 

Por último, en 2018 existían 13.075 vínculos laborales de funcionarios no públicos en el Estado. El agrupamiento de incisos que más concentra este tipo de funcionarios (5046) es el de Educación, dado que allí se encuentran políticas educativas como el Plan CAIF, los Centros Juveniles y los clubes de Niños. Es decir,  se ponen en riesgo sobre todo los contratos dirigidos a políticas educativas dirigidas a la población más vulnerable. También hay que destacar que una de las formas de contratación de funcionarios y funcionarias no públicas dentro del Estado ha sido a través de la contratación de arriendo de servicios con organismos internacionales. Dentro de esta categoría se encuentran los trabajadores del MIDES con contrato a través del BID que prestan servicios a través del Sistema Nacional de Cuidados.

La modificación en el régimen de beneficios del IVA.

En cuanto a las modificaciones en el IVA, es necesario entender la naturaleza de este impuesto.  El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto regresivo dado que al gravar al consumo, los hogares más pobres terminan dedicando más dinero de sus ingresos al pago de IVA que los ricos.

Con datos del INE sobre 2016-2017 sabemos que el 20% más pobre de la población no sólo no tiene capacidad de ahorrar parte de su ingreso, sino que se endeuda para poder satisfacer un mínimo de sobrevivencia. El 20% más rico, tiene la capacidad de ahorrar un 28% de su ingreso. En otras palabras, mientras que los pobres pagan IVA por todo su ingreso, los ricos pagan sólo por el uso de un 72% de su ingreso.

Por otro lado, esta medida impacta sobre una gran cantidad de población y en especial lo sienten las asalariadas y los asalariados. En 2018 existían 2,9 millones de Tarjetas de Débito en circulación. El uso tiene una tendencia creciente, en 2018 se usaron 51% más tarjetas de débito que en 2017. En 2018 se redujo el retiro de efectivo un 3% en relación a 2017. En una encuesta nacional de FACTUM de marzo de 2019, 68% de los encuestados estaba conforme con que el salario se pague a través de depósitos en cuentas bancarias y se utilizara mediante Tarjeta de débito

En suma

El mecanismo en que se procesa este ajuste fiscal tiene un inconfundible componente de clase. Los recortes tienden a precarizar las condiciones de trabajo de los funcionarios del Estado aumentando sus cargas de trabajo sin ninguna contraprestación, y reducir la calidad de los servicios públicos (sobre todo los destinados a sectores trabajadores).

La decisión de aumentar los impuestos no es neutral, dependiendo el impuesto, y la forma de ajustar distribuye en la sociedad la carga del ajuste, recargando unos sectores más que otros. Aumentar la imposición sobre las franjas altas del IRPF y el IASS es un ajuste dirigido a que lo paguen sectores de mayores ingresos en la sociedad. Recargar sobre impuestos regresivos como el IVA, es poner la carga del ajuste en los sectores populares.

Por último, mientras se generan ajustes que se procesan sobre las distintas capas de la clase trabajadora, se generen medidas de incentivo para productores rurales.