Reforma de la seguridad social: poner la vida en el centro del debate

La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue una de las medidas más anunciadas del actual Gobierno escudada bajo el precepto de introducir en una ley todas las urgencias del país. El surgimiento de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 apenas si postergó unos meses el envío de esta ley al Parlamento, donde las urgencias derivadas de la pandemia no tuvieron lugar. Es desde esta ley que se abre el proceso de reforma de la Seguridad Social. La LUC mandata la creación de una Comisión de Expertos (CEE) integrada por quince miembros, cuyo cometido es realizar un diagnóstico y propuestas de mejoras para el sistema previsional del país en tiempo récord: noventa días para cada etapa. Si atendemos que se trata de un área que hace a la seguridad social y económica de la población -no sólo en la vejez- y que además absorbe 11% del Producto Bruto Interno del país, parecen plazos muy acotados. Pero lo acotado no son sólo plazos, es también el ámbito de discusión que se propone, restringido a una élite experta, que interactúa también con otros actores legitimados para opinar sobre el asunto. Y también acotado es el horizonte político de la reforma. En primer lugar porque restringe la Seguridad Social únicamente al sistema previsional, es decir a la etapa de retiro. Deja por fuera las restantes vertientes que hacen a este tema tan complejo, como su vinculación con el empleo (prestaciones por desempleo, enfermedad, maternidad), o la relación con la protección social más amplia (asignaciones familiares, prestaciones sociales, cuidados). En segundo lugar, y este ya no sólo es un problema del mandato de la LUC, sino uno de más largo aliento, es que la reforma está centrada casi que exclusivamente en la esfera mercantil de la economía y apenas si pendula hacia la consideración de los cuidados para inscribirlos en una lógica también mercantil. El diagnóstico de la comisión de expertos descansa sobre la idea de un sistema previsional en crisis, desfinanciado e ineficiente y alerta insistentemente en que este esquema no sólo es insostenible para las finanzas públicas sino que además es injusto con las actuales generaciones de trabajadoras/es porque, con sus aportes, están financiando beneficios que no lograrán obtener. Bajo esta premisa central, va ofreciendo ejemplos de elementos que comprometen la sostenibilidad financiera del sistema con un mismo hilo conductor: culpabilizar aquellas prestaciones que otorgan o mejoran las condiciones de los sectores menos favorecidos por el sistema: las mujeres, los sectores de menores ingresos y quienes han sufrido algún tipo de invalidez. Instala así un sentido común de la sospecha: estos sectores están siendo privilegiados muy por encima de sus contribuciones, de las que se los entiende plenamente responsables, y su costo presenta un peso insostenible para el país. A lo largo de este documento intentaremos desarmar esta argumentación, problematizando lo que entendemos son los verdaderos privilegios del sistema previsional que se erige sobre la base de una estratificación del tipo profesionalista y patriarcal. Nos centraremos en mostrar aquellos aspectos en los que el diagnóstico no se interesa pero que entendemos son de primer orden para pensar una reforma de la seguridad ya que son las bases de las actuales carencias e inequidades previsionales. En primer lugar, tomaremos herramientas de la economía feminista para elaborar una crítica de la seguridad social restringida al ámbito del empleo formal y bajo un esquema que no termina por reconocer la inadecuación estructural entre el empleo uruguayo, el diseño previsional y la incapacidad del capitalismo para brindar condiciones dignas y seguras de empleo. En segundo lugar y tercer lugar, nos centraremos en mostrar la inequidad de partida, conceptual y material, que se deriva de la actual estructura previsional sustentada sobre un regresivo sistema de financiamiento y del tipo multicaja (BPS, caja policial, militar, bancaria, notarial y profesional). Haremos foco en la caja militar por ser la que absorbe una gran parte del esfuerzo social del país para el privilegio de unos pocos. Luego atenderemos a las diferencias políticas y materiales entre un sistema de reparto y uno de capitalización individual y en cómo este último ha resultado desde su instalación con la reforma de 1995. Finalmente, señalaremos algunos aspectos preocupantes que el diagnóstico permite vislumbrar como posibles caminos de reforma a proponer por la CESS y colocaremos la preocupación por los cuidados y la sostenibilidad de la vida como elementos imprescindibles para pensar esta reforma.